Alejandra Gils Carbó se sentará en el banquillo de los acusados, mientras es abogada de un empresario que pagó coimas

El 22 de septiembre, Alejandra Gils Carbó se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgada por hechos de corrupción. Estas audiencias deberán coordinarse con las del juicio por los Cuadernos de las Coimas, donde ella actúa como abogada defensora del empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra.

El Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), integrado por los jueces Gabriela López Íñiguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli, dará inicio al juicio contra la ex Procuradora General de la Nación, con la intervención del fiscal general Marcelo Colombo.

Gils Carbó fue procesada por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, debido a la compra de un edificio en la calle Perón al 600 destinado a las oficinas de la Procuración, que aún funciona en ese lugar.

Por primera vez, una ex Procuradora será juzgada en un tribunal oral. Gils Carbó, quien renunció a su cargo en noviembre de 2016, fue procesada un año después por el juez Julián Ercolini. La clausura de la causa y su posterior elevación a juicio oral se firmaron en junio de 2021. Cinco años después, comenzará el debate público y oral.

Mientras enfrenta esta acusación, Gils Carbó desempeña el rol de abogada defensora del empresario Gerardo Ferreyra, acusado de pagar sobornos a exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal en el marco de la investigación sobre fondos ilegales.

Previo al inicio del juicio que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, Gils Carbó se incorporó al equipo de defensa del ex presidente de Electroingeniería.

Gils Carbó fue la última titular de la Procuración General con carácter definitivo. Desde su salida, Eduardo Casal ocupa el cargo de forma interina.

En este contexto, la ex Procuradora, designada por Cristina Kirchner y respaldada ampliamente en el Senado, enfrentará el juicio por la compra de un edificio para la Procuración por un monto de 43 millones de pesos, en una operación que incluyó comisiones cercanas a los 10,7 millones de pesos.

Según la Justicia, el objetivo de la operación fue otorgar «apariencia de legitimidad» a un proceso administrativo, con personas involucradas de manera simulada y empresas interpuestas que dieron una falsa imagen de licitación. Por ello, se consideró que todo el proceso administrativo fue «una farsa».

Los imputados, entre ellos Gils Carbó, utilizaron «formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble», aunque para la Justicia la decisión estaba tomada de antemano para favorecer a quienes participaron en el millonario proceso, según lo expuesto por el fiscal Taiano en el requerimiento de elevación a juicio.

Por este motivo, Ercolini procesó como principales responsables a Gils Carbó y al subdirector Guillermo Bellingi. Recientemente, el exfuncionario fue hallado sin vida y la hipótesis central de la investigación apunta a un suicidio.

La operación cuestionada

La Justicia sostiene que las principales autoridades de la Procuración «idearon y ejecutaron un complejo plan» para adquirir directamente, mediante una simulación engañosa de licitación pública, el edificio ubicado en la calle Perón 667.

El inmueble debía contar con bóveda, cochera, auditorio y ser un edificio señorial y de época. Las condiciones del pliego fueron diseñadas para eliminar a competidores potenciales, dejando fuera a quienes podrían disputar la licitación.

La compra estaba decidida de antemano, con un acuerdo previo con los ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA, representada por Adrián Fischer.

Esta empresa presentó su oferta a través de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA, constituida por Bárbara Jaureguiberry e Ignacio Costa Urquiza.

El inmueble tuvo un costo de 43.850.000 pesos e involucró la intervención “dolosa y fundamental” de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill, productor de seguros que actuó como intermediario y es medio hermano de Guillermo Bellingi.

Durante la operación, se pagaron comisiones por 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry, que a su vez destinó 3 millones por asesoramiento a Thill.

La Justicia destacó que el pago fue «significativamente superior» a los 27 millones de pesos que se habrían abonado si se hubiera concretado la licitación pública N° 17/2012, que fue cancelada dos meses antes.

Al determinar las responsabilidades, el requerimiento de elevación indicó que existía un interés egoísta para que ese edificio específico fuera el espacio distinguido desde donde Gils Carbó desempeñaría sus funciones como titular de la Procuración. Asimismo, señaló que en el caso de Bellingi, se buscó un beneficio económico para su hermano y otros particulares, aunque se desconocen los destinos finales del dinero que Juan Carlos Thill retiró días después de su cuenta bancaria.