La Justicia de Rosario investiga el borrado remoto de múltiples mensajes de un celular incautado, vinculado a una causa judicial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe. Según informaron, se eliminaron varias conversaciones de WhatsApp relacionadas con dicha investigación, lo que derivó en la detención preventiva del responsable por un plazo de 30 días.

Actualmente, la pesquisa indaga si la persona que borró estos mensajes mantiene algún vínculo con funcionarios públicos, lo que generaría un nuevo escándalo en el caso.
Desde la fiscalía rosarina precisaron que la eliminación de los datos se realizó de manera remota, afectando conversaciones y archivos almacenados en el teléfono que había sido secuestrado por orden judicial.
El fiscal a cargo, Pablo Socca, imputó al detenido por los delitos de “violación de sellos y documentos, sustracción e inutilización de objetos custodiados, en calidad de coautor”. Asimismo, la madre del imputado estaría implicada en el fraude informático.
La audiencia de imputación estuvo a cargo del juez Lisandro Artacho, quien formalizó la acusación y ordenó la prisión preventiva efectiva por 30 días para el principal involucrado, identificado como Sergio L.
El teléfono adulterado formaba parte de una investigación iniciada tras una denuncia falsa presentada por Norma A., madre del imputado, en relación con un episodio de balacera ocurrido en mayo del año pasado en su domicilio.
Con el avance del proceso, el fiscal determinó que Norma A. había prestado declaración con el fin de “instalar hipótesis ficticias y fraudulentas, además de introducir información falsa e incriminatoria contra distintas autoridades policiales por motivos desconocidos”. La mujer fue detenida por falso testimonio, según informó el diario La Capital.
El Ministerio Público de la Acusación subrayó que se eliminó evidencia digital contenida en el Motorola Edge 30, dispositivo secuestrado por Asuntos Internos de la Policía.
### La maniobra del borrado remoto
Para comprender la importancia del celular, es preciso remontarse a mayo del año pasado, tras la liberación de Norma A. en la causa por falso testimonio.
El fiscal Socca explicó que el teléfono de la mujer permaneció bajo custodia de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe durante el proceso. El equipo contenía conversaciones relevantes para esclarecer el caso.
Fuentes judiciales confirmaron que, tras salir de la sede de Asuntos Internos, Norma A. se dirigió a una sucursal de la empresa Personal alegando haber perdido su teléfono, con el objetivo de obtener una nueva tarjeta SIM manteniendo su línea original.
Según consta en la causa, la mujer se reunió en la zona sur de Rosario con su hijo, quien se dedica a la reparación de celulares y posee conocimientos informáticos. Ella le solicitó acceder a sus conversaciones de WhatsApp utilizando la nueva SIM.
A partir de ese momento, según la investigación, comenzaron a eliminarse de forma remota chats, imágenes y archivos seleccionados del dispositivo bajo custodia judicial. Entre lo borrado se encuentran conversaciones con terceros y con funcionarios públicos aún no identificados.
La Fiscalía considera que esta maniobra tuvo como propósito alterar y destruir evidencia digital que podría ser clave en la investigación en curso.
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